Ambas Cámaras del Congreso aprobaron el proyecto de ley de responsabilidad penal empresaria. En caso de que sea promulgado por el Poder Ejecutivo, y de ese modo se convierta en ley, las personas jurídicas deberían:

1) hacer sus mayores esfuerzos por mantener actualizada la sede social inscripta en el Registro Público de Comercio, porque allí se considerarán válidas las notificaciones; y

2) tener un “Programa de Integridad”, compuesto por un código de ética, un canal de denuncia anónima de hechos de corrupción que puedan afectar a la empresa y medios comprobables de asesoramiento al personal sobre prácticas corruptas. Cabe agregar que el referido Programa será necesario para las empresas que contraten con el Estado.

RESUMEN

Los delitos penales alcanzados por el presente Régimen, especial para personas jurídicas privadas, son los que mencionamos a continuación:

  1. a) Cohecho y tráfico de influencias, nacional y transnacional.
  2. b) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
  3. c) Exacciones ilegales.
  4. d) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
  5. e) Balances e informes falsos agravados.

Por los delitos antes indicados, las personas jurídicas son responsables de haberse efectuado con su intervención o en su nombre, interés o beneficio. Aún en el caso de que quien hubiese obrado fuese un tercero, siempre que la persona jurídica hubiese ratificado la gestión. El único caso en el cual quedará eximida de responsabilidad es cuando la persona humana actúa en su beneficio exclusivo y sin generar provecho alguno para aquella.

La  persona jurídica puede ser condenada aun cuando no sea posible identificar a la persona humana que intervino. Ello, en la medida en que las circunstancias del caso permitan determinar que no podría haberse cometido delito alguno sin la tolerancia de la persona jurídica.

En cuanto a las penas aplicables, mientras que el Código Penal en general establece la pena de prisión para las personas humanas, las jurídicas en general son sancionadas con multas. A continuación exponemos las posibles sanciones para las jurídica

  1. a) Multa. De 2 a 5 veces el beneficio indebido obtenido o que se hubiese podido obtener;
  2. b) Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los 10 años;
  3. c) Suspensión para poder participar en concursos o licitaciones estatales o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los 10 años;
  4. d) Disolución y liquidación de la personería cuando hubiese sido creada con el único fin de la comisión del delito o en caso de que constituya la actividad principal de la entidad;
  5. e) Pérdida o suspensión de los beneficios estatales;

Quedará eximida de pena aquella persona jurídica cuando: a) espontáneamente haya denunciado el delito como consecuencia de una actividad propia de investigación interna; b) hubiere implementado un sistema de control de acuerdo a lo previsto por la propia ley; y c) hubiese devuelto el beneficio indebido.

También se prevé un programa de integridad que deberán implementar las personas jurídicas orientado a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos por la ley; en la medida en que deseen contratar con el Estado Nacional, dado que poseer dicho programa será condición para ciertas contrataciones por parte del Estado. Además de que contar con estos procedimientos ayudará en ciertos casos a que la persona jurídica quede eximida de responsabilidad.

Adicionalmente, el proyecto prevé la posibilidad de la celebración de un “acuerdo de colaboración eficaz” entre la persona jurídica y el Ministerio Público Fiscal, a fin de que la primera brinde cierta información relativa a la comisión de delitos, con el objeto de que se le atenúen las sanciones, pudiéndose celebrar el mismo hasta la citación del juicio. Su contenido será confidencial y deberá ser aprobado por el juez.

Por último, la Cámara de Senadores eliminó la cláusula que había introducido la Cámara de Diputados para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción y estableció que la acción penal contra las personas jurídicas prescribe a los 6 años de la comisión del delito.

La responsabilidad se transmite a la nueva persona jurídica en caso de transformación, fusión, absorción, escisión o cualquier otra modificación societaria, cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores y empleados, o la parte más relevante de todos ellos.

La persona jurídica quedará eximida de pena cuando concurran simultáneamente las siguientes circunstancias:

  1. a) espontáneamente haya denunciado un delito previsto en esta ley como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna;
  2. b) hubiere implementado un sistema de control y supervisión adecuado en los términos de los artículos 22 y 23 de esta ley, con anterioridad al hecho del proceso, cuya violación hubiera exigido un esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito;
  3. c) hubiere devuelto el beneficio indebido obtenido.

Programa de Integridad: obligatorio para contratistas del Estado Nacional y conveniente para las restantes personas jurídicas

El “Programa de Integridad” debe referirse a la actividad de cada persona jurídica e incluir los siguientes contenidos:

  1. a) un código de ética o de conducta, o la existencia de políticas y procedimientos de integridad aplicables a todos los directores, administradores y empleados, independientemente del cargo o función ejercidos, que guíen la planificación y ejecución de sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisión de los delitos contemplados en esta ley;
  2. b) reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios, en la ejecución de contratos administrativos o en cualquier otra interacción con el sector público;
  3. c) la realización de capacitaciones periódicas sobre el Programa de Integridad a directores, administradores y empleados.

La ley prevé otros contenidos optativos, cuya utilidad deberá ser evaluada en el caso concreto.