Finalmente, y luego de esperar un largo tiempo, la CSJN definió esta cuestión controvertida que afectaba a gran parte de los contribuyentes y se definió como se esperaba: la Corte de manera tajante considera inconstitucional gravar los ingresos por el solo hecho de provenir de establecimientos o plantas radicadas o ubicadas en otras jurisdicciones.

Como es de público conocimiento, más allá del fallo de la Corte que ahora viene a definir el tema, algunas jurisdicciones, entre ellas, la Provincia de Córdoba, habían anunciado que a partir del 1 de enero de 2018 iban a eliminar las sobrealícuotas. Si bien es alentador que las jurisdicciones tomen esta postura, queda, por otra parte, el perjuicio fiscal por los períodos en los que la norma estuvo vigente y que ahora los contribuyentes van a poder recuperar por ser inconstitucional la norma.

Adicionalmente, este fallo implicará una sustancial modificación en todas las leyes tarifarias, las cuales no deberán discriminar en función de la ubicación del establecimiento del contribuyente, lo cual también resulta de aplicación a la sujeción de exenciones al lugar de radicación del establecimiento, sino también deberá hacerse extensivo a ciertas ordenanzas tarifarias municipales que también prevén para determinadas tasas alícuotas discriminatorias. Todo tratamiento tributario que discrimine por el lugar de radicación del establecimiento o planta, en principio, sería inconstitucional.